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El Ministerio de Educación ha presentado la Propuesta de Reglamento General de Universidades Privadas, que en algunos de sus artículos indica que el alumno puede cambiar de carrera una sola vez, que puede cambiar de universidad también una sola vez, aulas con un máximo de 40 estudiantes y, entre otros, que las licenciaturas tengan una duración no menor a cinco años, es decir, con un total mínimo de 6.000 horas académicas.
Este documento, que fue presentado a las autoridades académicas del sector la semana pasada, busca regular el funcionamiento de estas instituciones privadas y lograr que se adecuen a la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, según fuentes oficiales.
Para Antonio Carvalho, rector de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa) y secretario académico de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), este proyecto de reglamento necesariamente debe ser consensuado, pues hay algunos artículos que violan los derechos constitucionales de los estudiantes, como por ejemplo el cambio de carrera por una sola vez en la vida, así como el cambio de universidad.
Para Carvalho, hay varios puntos que deben revisarse, como el referido a las formas de defensa de grado, pues el proyecto resta libertad al alumno para optar por un examen de grado, tesis, trabajo final o dirigido, etcétera.
El documento es analizado por los rectores que, a través de la ANUP, expondrán su posición al respecto en un encuentro previsto para el 9 y 10 de septiembre.
Según el proyecto, el Gobierno busca que el funcionamiento de las "U" privadas sea autorizado mediante decreto supremo.

LA PROPUESTA
• El documento del Gobierno plantea que en cada aula teórica debe haber 40 alumnos como máximo y en cada aula práctica 25.
• Las carreras a nivel licenciatura deben durar cinco años (6.000 horas académicas). Actualmente algunas ofrecen licenciaturas en cuatro años (4.500 horas).
• Los aranceles (matrículas y pensiones) serán fijados mediante resolución ministerial.
• Las "U" privadas ya no deben funcionar como empresas, sino como fundaciones o asociaciones civiles.
• Elimina la categoría de universidades plenas.
• Impone un plazo de tres años para que este sector se adecue a las normas; caso contrario, advierte con revertir el decreto supremo que autoriza su funcionamiento.